5 marzo 2023 (2): El embudo público-privado

Se nos dice que vivimos en una sociedad de libre mercado, en la que es la iniciativa privada quien mueve la economía en condiciones de casi perfecta competencia que, según el liberalismo más ortodoxo, se basta y se sobra para estimular la supervivencia de las mejores empresas, controlar los precios y hacer progresar la tecnología.

La verdad, la que proporcionan los datos empíricos, es bien distinta. Así, en la gran mayoría de los países es el motor público el que mueve la economía. En Euskadi, sin ir más lejos, es el sector público el que proporciona el mayor número de puestos de trabajo y, aun en el paraíso capitalista por excelencia, los Estados Unidos, es el gigantesco presupuesto de defensa, que va camino del billón de dólares, lo que sostiene la mayor parte de la innovación tecnológica.

Eso sin contar que otros y privadísimos sectores viven mayoritariamente de los contratos públicos: la enseñanza concertada, la construcción, la consultoría..., innovan y desarrollan nuevo producto merced a ayudas gubernamentales o sus empresas son fuertemente subvencionadas para que se establezcan, para que no abandonen sus sedes o para estimular a sus clientes de modo que adquieran bienes de consumo cada vez más acordes con el respeto al medio ambiente y los derechos humanos o que garanticen la independencia de proveedores indeseables, pero muy competitivos. Y todo eso sin tener en cuenta que las grandes infraestructuras: puertos, aeropuertos, autovías, líneas férreas, estaciones, gaseoductos y oleoductos, redes eléctricas de alta tensión, líneas telefónicas convencionales o de fibra óptica de ancha banda las ponen, o las pusieron en el pasado, los estados.

¡Ah! Y de la competencia mejor ni hablamos, porque una parte muy importante del negocio privado funciona en régimen de oligopolio, condición que propicia el "trust", los precios secretamente acordados y otros pactos ilegales de "no agresión" que siempre tienen como víctima al consumidor final.

Hago esta reflexión porque esta semana, una compañía de entre las más fuertes del Ibex 35, Ferrovial, ha anunciado que se va a cotizar a Holanda. Naturalmente que el Gobierno no ha podido contener su indignación y ha recordado a esta empresa que todo se lo debe a quien ha sido su casi único cliente durante cerca de tres cuartos de siglo: el estado español bajo la forma de cualquiera de sus administraciones. Y para muestra un botón: solo durante el gobierno de Sánchez, a Ferrovial se le han adjudicado contratos por mil millones de euros y, desde 2020, no paga impuesto de sociedades. Así que Ferrovial es todo un paradigma de esa dependencia de lo privado respecto de lo público, nació al calor del desarrollismo franquista, la familia de oligarcas que la controla desde su fundación cuenta entre sus apellidos el ilustre, y político, Calvo-Sotelo y, como confirma el dato aportado acerca de los concursos que ha ganado durante el último lustro, ha suscrito un sinnúmero de sustanciosos contratos para erigir infraestructuras diversas con el gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de toda la geografía española.

Por muchas razones que aleguen para esta bochornosa huida solo existe una evidente: que Holanda es, junto con Irlanda uno de los paraísos fiscales que, inauditamente, tolera la Unión Europea, con evidente daño a las haciendas de los demás socios del club comunitario. Por cierto, que esa fiscalidad benévola en el "país que tan bajo ha caído" no lo es tanto para la empresa como para los grandes perceptores de dividendos, lo que hace aún más vil y vergonzante la decisión.

Esta es la enésima lección de deslealtad que reciben las administraciones de las grandes empresas y sus codiciosos propietarios. Es hora de que se saquen conclusiones y se modifiquen los términos contractuales bajo los que se redactan los concursos públicos y la concesión de subvenciones. Todos deberían incluir una letra pequeña que obligara al beneficiario a devolver, en los casos de venta al capital internacional o de éxodos como el comentado, todas las ayudas percibidas con sus correspondientes intereses. Y, por supuesto, quienes migren a otros lares y no tributen donde se abren las plicas deberían estar explícitamente excluidos de licitar.