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4 octubre (2): Dos sentencias y un desplante

  • Foto del escritor: Javier Garcia
    Javier Garcia
  • 4 oct 2020
  • 3 Min. de lectura

El tercer poder del Estado, la Justicia, está de actualidad en España. Lamentablemente no porque haya ejercido sus prerrogativas con la ceguera que se le exige, sino porque acaba de dirimir dos contenciosos, de enorme importancia para el discurrir de la vida pública, con un par de sentencias cuando menos polémicas y, sobre todo, porque ha procesionado destacadamente en un entierro para que el que nadie le había dado vela.

Seguro que ya sabéis a qué asuntos me estoy refiriendo. La primera de las decisiones ha supuesto inhabilitar al President de la Generalitat para el ejercicio de cargo público alguno durante año y medio. Eso, claro, representa lisa y llanamente deponerlo de la más alta magistratura de Catalunya, que ostentaba. Sin duda que la ocupación de espacios públicos en favor de una opción partidaria es un ejercicio de sectarismo, pero no ha sido esa la causa formal de la condena, sino la desobediencia a un organismo administrativo como es la Junta Electoral. No soy abogado, pero como ciudadano algo leído se me hace difícil digerir que un ente gestor tuviera autoridad incontestable sobre quien ostentaba la representación del Estado en aquella Comunidad Autónoma.

En cuanto a la segunda de las sentencias, en esta ocasión no dimanante del Tribunal Supremo sino de la Audiencia Nacional, qué podemos decir, sino que reconoce que hay delito y, a la vez, que no hay delincuentes. Este sería, sin duda, un sorprendente e ingenioso final para una novela de Agatha Christie, pero en el mundo real el veredicto raya lo grotesco, porque la situación financiera de Bankia en aquel tiempo era, y es, de dominio público (como que ha habido que dedicar decenas de miles de millones de euros de nuestros impuestos a tapar el agujero) y los responsables de su salida a Bolsa son señores de los que conocemos hasta el color de sus trajes de baño.

En fin, que habrá que otorgarles a nuestros magistrados el beneficio de la duda y condescender con su, nuestra, pobre naturaleza humana, tan dada al yerro. Claro que, como decía mi padre (todo un filósofo, creedme) cuando hablaba de fútbol, los árbitros pueden equivocarse, pero cuando siempre lo hacen a favor del mismo...

Paso ahora sin solución de continuidad a lo del "funeral". Resulta que, en fechas casi coincidentes con la publicación de esas decisiones salomónicas, iba a tener lugar el acto de toma de posesión de sus cargos por parte de los nuevos jueces. Tradicionalmente, esta ceremonia se celebra en Barcelona, con gran boato y abundantes puñetas almidonadas y, siempre, la preside el rey. Es el caso que en esta ocasión el monarca se excusó de asistir y el Gobierno de la Nación no tuvo empacho en reconocer que, en el ejercicio de sus competencias, había considerado pertinente que el Jefe del Estado no acudiera a esa cita anual. Son tan indudables como poco confesables los motivos por los que el ejecutivo adoptó esta decisión: estaba próximo el célebre 1-O y, supongo, algún pajarito le puso en antecedentes de la naturaleza de las decisiones judiciales que se iban a hacer públicas. En fin, que algunos tal vez querían ver al rey plantando sus reales en territorio hostil, con gran ruido mediático y, otros, con mucho mejor criterio y la autoridad conferida, decidieron que no era el momento de soliviantar ánimos que pudieran dar al traste con la negociación de los presupuestos en curso. Hasta aquí todo entra dentro de la normal esgrima diplomática, de mórbida dialéctica y afiladas intenciones. Pero la cosa no quedó ahí, el Poder Judicial, a través de su supremo órgano de decisión, el CGPJ, comunicó oficialmente al Gobierno su disgusto ante la decisión adoptada y, después, marujeó haciendo público un intercambio de correspondencia con el monarca en el que este manifestaba su contrariedad por no habérsele permitido acudir al engolado encuentro barcelonés. Con relación a ese cruce de misivas, me permito recordar a la judicatura que el fundamento del estado democrático de derecho descansa sobre la independencia de los tres poderes, y que la agenda del rey, hasta lo que yo sé, es asunto del ejecutivo. En cuanto al Jefe del Estado, solo puedo decir que la pervivencia de su institución y su propio futuro personal dependen de que ejerza sus funciones con la exquisita neutralidad que se le supone. De otra forma, lo mismo que su señor padre ha pasado a la posteridad como "El Campechano", él podría hacerlo como "El Republicano".

 
 
 

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