27 noviembre 2022 (1): Cortina de humo

Esta semana ha sido noticia la tortuosa entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí" y, sobre todo, el linchamiento mediático y parlamentario de la ministra de Igualdad. La ferocidad de las críticas y los soeces insultos personales se han argumentado con la supuesta paradoja de que el tal marco legislativo está sirviendo para lo contrario de lo que se concibió, o sea, la revisión a la baja de las penas impuestas a los autores de despreciables crímenes machistas.

No voy a detenerme en el detalle de la norma, pero el origen de la controversia surge de la desaparición de la figura delictiva del abuso y su fusión con la más grave de agresión sexual. Como consecuencia de ese cambio legislativo la casuística del delito se amplía e, inevitablemente, también la horquilla de penas a imponer a los convictos, de modo que el castigo depende mucho más de la decisión discrecional de los tribunales que de lo que estipula la propia norma. Dicho esto, no queda otra que colegir que las numerosas revisiones a la baja de las condenas que se están produciendo son responsabilidad de las pautas dictadas desde las audiencias provinciales y, en el última instancia, de los juristas que individualmente adoptan tales decisiones. No soy un experto en leyes, pero creo que sentenciar acogiéndose a las posibilidades que otorga la literalidad de una norma, yendo manifiestamente en contra del espíritu de la tal ley, difícilmente puede explicarse salvo por la estulta incompetencia o el ánimo prevaricador de quien dicta la resolución.

Dicho esto, retorno a los gruñidos de la caverna mediática y los rebuznos parlamentarios. Y no voy a hablar de lo evidente, de lo intolerables que son conductas propias del matonismo más bajuno, sino de por qué la derecha más intransigente ha optado por esa caza inmisericorde a la mujer que personifica el cambio legislativo. Lo cierto es que a toda esa estantigua que surge del pasado más oscuro y oprobioso le estaba yendo muy mal estos días. La Cámara de los Diputados ha aprobado los presupuestos generales del Estado para 2023, con carácter expansivo y un montón de medidas paliativas de los daños ocasionados a las economías más precarias por la pandemia y la guerra del Este, y también han pasado el primer filtro parlamentario los cambios fiscales que gravan a quienes están obteniendo ingresos y beneficios desproporcionados a costa del sufrimiento de las familias y las pequeñas y medianas empresas (en esta materia también se les han visto las enaguas corporativistas a algunos grupos nacionalistas), o la supresión del delito de secesión, figura jurídica decimonónica que ya estaba desterrada de los cuerpos legislativos de la mayoría de las democracias europeas.

Así que lo importante, lo que los alaridos histéricos de los intolerantes quieren ocultar a la opinión pública, es que siempre se posicionan lacayunamente del lado del poderoso, y que en todos estos casos han votado en contra de medidas que benefician a la inmensa mayoría de la población para alinearse con los intereses del gran capital y la banca. Y es que, pese a su postureo populista, el programa político que esta gente propone es claro y diáfano: privatización de la educación (eso sí, con el Estado sufragando la discriminación formativa a base de financiar disparatadamente la enseñanza concertada), de la sanidad y de la pensiones, rebaja fiscal drástica a las empresas y las grandes fortunas mientras se exprime a las clases más modestas con los impuestos indirectos, y retorno a una moral mojigata e hipócrita que anatematiza la intimidad de la alcoba, mientras se contemporiza con la depredación financiera.