26 noviembre 2023 (1): Fraude fiscal institucionalizado

El culebrón fiscal, protagonizado por las sucursales europeas de las multinacionales norteamericanas, tiene un nuevo capítulo con las conclusiones del señor Giovanni Petruzzella, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que discrepan radicalmente de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de 2020 (¿por qué hay varias instancias para juzgar estos altos asuntos, se trata de otorgar más oportunidades y demoras a los flagrantes evasores de impuestos?) de eximir de una importantísima contribución impositiva al conocido gigante tecnológico de Cupertino, al que la Comisión le demandaba nada menos que 14,300 millones de euros en concepto de gravámenes a sus beneficios, distraídos desde 2007 a 2014 mediante la eufemísticamente llamada ingeniería fiscal.

Este escrito tiene vital importancia porque, aunque el informe de Petruzzella no es vinculante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele otorgar mucho crédito a sus informes y es el órgano judicial máximo que debe emitir sentencia firme en este affaire.

El largo contencioso administrativo ha permitido a la opinión pública conocer que la multinacional de la manzana mordida pagó de impuestos en Europa el 1 y el 0,005 % de sus beneficios en los años 2013 y 2014. Cifras desde luego obscenas por su insignificancia; pero más que culpabilizar a la compañía, que en este caso ha hecho uso de lo que las leyes nacionales le han permitido, hay que poner el énfasis en la desvergüenza de los paraísos fiscales de la Unión Europea. Estamos hablando de Irlanda y Luxemburgo, que proporcionan condiciones extraordinarias a las empresas globales que deciden centralizar sus beneficios en sus sucursales nacionales.

El negocio es redondo para quienes pagan mucho menos por sus actividades lucrativas y, también, para los países conniventes con la evasión, porque Irlanda, por citar el ejemplo más sonrojante, obtiene el 90 % de sus ingresos en concepto de impuestos a los beneficios empresariales de las multinacionales que allí se afincan. Precisando aún más, unos 4.500 € por habitante y año, 5 veces lo que consiguen las haciendas de Alemania y Francia, países mucho más industrializados que la isla del verde trébol.

Lo verdaderamente inaudito es que la Unión Europea y los grandes estados socios lleven décadas tolerando estas prácticas, desleales para con el resto de los socios comunitarios, y extremadamente dañinas para toda la ciudadanía continental, que ve sensiblemente recortados los servicios públicos por la no percepción de unos ingresos impositivos que, en justicia progresiva, le corresponderían.

Este, como los otros casos de permisividad frente al iliberalismo, la conculcación de las libertades fundamentales, las fobias, la quiebra de la separación de poderes, la flagrante confesionalidad de algunos regímenes, la doble vara moral de medir en el concierto planetario, el servilismo ante el imperio, etc., están haciendo añicos el ideario fundacional de la Unión Europea y, de paso, se están llevando por delante el poco crédito que aún le queda ante unos contribuyentes hartos de que el proyecto europeo haya desembocado en un mercadeo fullero y en un militarismo desbocado.

Ojalá que, por lo menos en el caso de los dichosos paraísos fiscales, se acabe con la infamia de los mercachifles y se imponga la igualdad de obligaciones entre todos los contribuyentes; si no va a ser así, paren que me bajo.