25 diciembre 2022 (1): Cuando a las cámaras las sustituye una camarilla

Como era de esperar, quienes aceptaron a trámite el recurso del PP también le han dado la razón y paralizado el recorrido parlamentario de la reforma del Poder Judicial y el Tribunal constitucional en el Senado. Según medios de prensa, no hay antecedentes en Europa de que un tribunal impida el trabajo legislativo y eche abajo una ley en su etapa de nasciturus. Pero así es el estado defectivo que surgió de la dictadura bajo el ropaje del régimen del 78; visto lo visto, resultado de una transición nada ejemplar, ya que permitió la pervivencia de la reacción, hecha fuerte y enrocada en las finanzas, la milicia, la policía y el poder judicial.

Para comprender este tan largo como desgraciado "affaire", remontémonos a los pretextos en base a los que el PP se resistió a la legal renovación del tercer poder. Decían los voceros populares que la actual ley que regula el periódico recambio de las más altas magistraturas de la justicia es muy mala, y que politiza los tribunales, ya que en última instancia son las personas propuestas por las diferentes fuerzas políticas quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad. Para, fundándose en ese argumento, desobedecer la ley y boicotear el cambio de perfil ideológico de los jefes de los jueces. Añadieron que estaban dispuestos a la periódica renovación de los magistrados, pero tras consensuar una nueva ley que, en esencia, consagrara un sistema de promoción judicial exclusivamente profesional y decidido por pares.

El argumento parece impecable, pero ignora dos evidencias que lo desacreditan por completo. La primera, que una ley puede ser mala, pero mientras se halle en vigor ha de ser respetada y cumplida hasta que otra mejorada la sustituya. El flagrante boicot a la legalidad no es de recibo, y menos si el infractor es uno de los dos grandes partidos políticos del país que, de este modo, se ubica entre los antisistema, que él mismo reprende y vitupera por su extremismo, a la par que se arroga un sentido de la responsabilidad ("de estado", dicen) del que, a juzgar por los hechos, carece totalmente. Y la segunda, que lo que proponen puede sonar razonable, pero tiene bicho, porque debido a la endémica endogamia del poder judicial, la gran mayoría de los magistrados cojean de un perfil ideológico extremadamente conservador; de modo que, dejada la justicia en las exclusivas manos de quienes la imparten, esta nunca adaptaría su paso al de una ciudadanía que, como es el caso actual, ha optado democráticamente por el progreso y la modernidad. De hecho, si asistimos a este serio ataque a la separación de poderes es precisamente por esa total ausencia de sintonía entre muchos juristas y la sociedad de hoy, que evoluciona a enorme velocidad mientras que algunos togados siguen siendo rehenes de unos prejuicios trasnochados y un desmedido ego.

Dice el señor Sánchez que, en breve, reactivará la maquinaria legislativa para salvar el escollo interpuesto por esta camarilla de irreductibles. Pero, sinceramente, ignorante del derecho y sus recovecos, no veo cómo salir de este atolladero. Si han tumbado la anterior intentona, procederán del mismo modo ante cualquier otra. La única solución: hablar claro y alto en las urnas y enterrar con la fuerza de los votos, y de una vez por todas, esa forma de entender la nación como propiedad exclusiva de una minoría privilegiada, que la gestiona como si de su cortijo se tratara. Hay variadas opciones ideológicas para ello.