22 octubre 2023 (2): ¿Amnistía?

Anda la derecha española sublevada con la posibilidad de que "Perro Sanxe" conceda la amnistía a los independentistas catalanes, condenados por su actuación en los acontecimientos que desembocaron en la efímera declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017. Como en algunas películas de ciencia ficción en las que son posibles los viajes en el tiempo, los paladines del inmovilismo andan tratando de abortar lo futurible, o sea, de matar una iniciativa no nata que, hasta la fecha, nadie ha confirmado que se esté gestando y, menos, que semejante compromiso del olvido sea suficiente para acordar un pacto de legislatura.

Para ello han puesto a funcionar su poderosa máquina mediática que alterna las columnas de opinión más viscerales con el argumentario legalista de quienes se supone son expertos en derecho constitucional; todos, claro, furiosamente contrarios a que se conceda cualquier medida de gracia a los convictos del delito de sedición.

Aducen los jurisconsultos que la figura de la amnistía no está contemplada en la Constitución de 1978. ¿Y qué? La no mención no proscribe su aplicación. Por otro lado, con el texto constitucional en periodo de redacción, el primer parlamento democrático tras la dictadura ya promulgó una Ley de Amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados o no delitos por la legislación franquista y realizados hasta el 15 de junio de 1977. O sea, que aquel legislativo nunca pensó que tal iniciativa entrara en conflicto con la norma suprema en preparación ni, lo que es más llamativo, con la legislación internacional, ya que también los crímenes del totalitarismo fueron amnistiados (no es insensato pensar que quienes ahora se rasgan las vestiduras por infracciones mucho menos graves fueron entonces quienes impusieron la desmemoria en torno a los horrores del franquismo, a cambio del "borrado" de los expedientes penales de los luchadores por la libertad). Y todo esto a pesar de que los Tribunales de La Haya consideran que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben, y los cometidos por el fascismo español son de esa naturaleza.

Si las consideraciones legalistas mínimamente independientes juzgan plausible el empleo de esta figura en aras de la preservación de la normal convivencia, más lo aconseja la praxis política inteligente y conciliadora. Porque el conflicto fue, afortunadamente, pacífico, sin más violencia que la originada por algunos disturbios callejeros y los esporádicos porrazos dados a destiempo por las fuerzas de orden público estatales.

Todo lo que entonces sucedió fue de naturaleza casi exclusivamente política, si bien es cierto que los independentistas sortearon con malicia las mínimas condiciones democráticas para proclamar el nuevo estado, a sabiendas de que no contaban más que con una exigua mayoría parlamentaria, por cierto, nunca corroborada con la mitad más uno de los votos ciudadanos en unas elecciones convocadas y celebradas con todas las garantías.

A futuro, y como salida definitiva al conflicto para unas cuantas décadas, me gustaría que se acometiera una profunda modificación constitucional que configurara España como un estado federal. En ausencia de ese acuerdo de convivencia, y sin el compromiso de lealtad a tal marco por parte de todos, propongo consultas vinculantes. Pero las grandes decisiones requieren grandes mayorías, así que semejante referéndum debería exigir una mayoría cualificada de los votos emitidos para que Catalunya proclamara una independencia legítima. Y quien dice Catalunya dice Euskadi. Euskalherria es otro cantar, porque la mayor parte de su territorio está poblado por gentes entre las que los secesionistas están en franca minoría.