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2 octubre 2022 (2): El tercer poder, fosilizado

  • Foto del escritor: Javier Garcia
    Javier Garcia
  • 2 oct 2022
  • 2 Min. de lectura

Si habéis seguido el culebrón protagonizado por nuestros puñeteros togados (así los califico porque lucen puñetas, no seáis malpensados), constataréis con sorpresa que, transcurridas las tres cuartas partes de una legislatura de mayoría política progresista y varios años después de que concluyera su mandato constitucional, el ala más conservadora de la judicatura sigue controlando el Consejo General del Poder Judicial e ignorando la legalidad vigente al demorar la renovación del Constitucional y del máximo órgano de gestión del tercer poder en España.

Como expertos en hablar y escribir mucho sin decir nada, no les han faltado largos y engolados argumentos para justificarse, pero semejante contumacia en calentar poltronas no tiene más explicación razonable que el intento de la derecha más conservadora de parar en los tribunales las reformas legislativas más progresistas, avaladas, no lo olvidemos, por una mayoría parlamentaria resultado de la libre y democrática decisión de la ciudadanía, expresada en las urnas.

La independencia de los distintos poderes, señores jueces nostálgicos de un pasado que no volverá, no significa intromisión en las competencias de los demás. Las leyes se proponen y aprueban en las cámaras, sedes de la voluntad popular, y el recurso a los tribunales solo tiene sentido para preservar los derechos fundamentales, consagrados  en el marco constitucional,  cuando son manifiestamente zarandeados por los legisladores. Pero la Constitución únicamente fija los grandes principios éticos sobre los que se fundamenta el estado de derecho, por otro lado ampliamente interpretables desde diferentes posiciones ideológicas y maleables por los cambios culturales que se suceden sin solución de continuidad. Así las cosas, y pongo un primer ejemplo meridianamente claro, el aborto es hoy un derecho que asiste incuestionablemente a la  mujer y que, para el sentir mayoritario de la sociedad actual, no siega la vida de ninguna persona, porque en la visión laica, y científica, del proceso de gestación el tiempo legalmente aceptado para la interrupción del embarazo solo incumbe al embrión y a las primeras etapas fetales, lapso durante el cual el ser afectado está aún muy lejos de poseer los rasgos y derechos propios de lo humano. De la misma manera, la oficialidad de las lenguas, y su uso en los espacios públicos, o el sujeto investido del derecho a decidir pueden hoy verse de modo muy distinto al de hace alguna década, sin que ello incurra en inconstitucionalidad alguna.

Por eso, si es difícil hallar violaciones flagrantes de la ley de leyes en la legislación más cercana a los derechos fundamentales, lo es mucho más en aquellos marcos regulatorios de la vida económica, los más matizables desde las distintas posiciones ideológicas.

Así que, señores jueces, los tribunales no son cámaras legislativas de último recurso que tienen la postrer palabra sobre cualquier norma emanada del parlamento. Dedíquense a lo suyo, que es mucho y muy importante para el buen funcionamiento de un estado democrático de derecho.

 
 
 

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