18 diciembre 2022 (2): El constitucional que inconstitucionaliza buen inconstitucional será

Hoy no es un domingo cualquiera en la historia reciente de la democracia española. La semana que ahora concluye y, tal vez, la que mañana comienza pueden pasar a los anales del devenir político del país como el periodo en el que las fuerzas más conservadoras desestabilizaron el régimen de 1978 como no lo hicieron ni el golpismo franquista del 23-F ni el independentismo catalán del 1-O. Como sabéis, el Partido Popular, que lleva varios ejercicios esquivando el mandato constitucional y resistiéndose a la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, ha tenido los redaños de presentar un recurso de amparo, de carácter cautelar, contra la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que el pasado jueves había de votarse en el Congreso de los Diputados.

Para sorpresa general, la última instancia judicial del Estado acepta a trámite semejante desatino y, en un primer momento, convoca una reunión para adoptar una decisión al respecto... ¡antes del pleno de la cámara legislativa! Afortunadamente, cinco de los miembros del Tribunal Constitucional pertenecientes al ala progresista amenazaron con abandonar ese encuentro decisorio y el Presidente demoró la deliberación hasta mañana lunes (los miembros del CGPJ también están citados para el martes al objeto de posicionarse en torno a la reforma de la institución de la que forman parte).

Fueron, sin duda, unas terribles horas durante las que peligró el principio de la separación de poderes, piedra angular sobre la que descansa todo el edificio democrático. Soy un lego en materia jurídica, pero mi sentido común me dice que no se sostiene deliberar en torno a la constitucionalidad de una ley que no ha sido votada y de la que aún ni siquiera se han debatido posibles enmiendas parciales, con lo que es del todo imposible conocer qué es lo que exactamente propone el legislador.

La cosa tiene aún más bemoles si se tiene en cuenta que un tercio de quienes dicen velar tan celosamente por el ordenamiento constitucional se hallan en el limbo de la alegalidad, puesto que su mandato ha caducado y hasta ahora se han resistido a que otros los sustituyan con mil y un maniobras arteras. Por supuesto que además son juez y parte en este conflicto, ya que la reforma debatida y, de momento, aprobada, trata precisamente de desliar su maraña argumental y facilitar el más que necesario relevo en los cargos. Añado a todo esto lo pintoresco de que esta justicia, lenta hasta la exasperación cuando se trata de hacer valer los legítimos derechos de la ciudadanía, intente despachar un asunto de esta trascendencia en la hora del café de una tarde cualquiera del poco hábil mes de diciembre.

Lo que en el fondo está en juego es, como ya he dicho más arriba, la independencia de los poderes del Estado. Lo que les ocurre a la derecha y a la ultraderecha españolas (que, debido a la deriva de la primera en los últimos tiempos, son la misma cosa) es que no asumen como legítimo cualquier resultado electoral que no les facilite el control del legislativo y el ejecutivo. Así que se atrincheran en el poder judicial que, al parecer, está constituido en una proporción significativa por togados que consideran más relevante su opinión personal que el voto de millones de ciudadanos y que malentienden su independencia como oposición sistemática a toda iniciativa gubernamental, cuando también la justicia habría de sintonizar su sesgo con el sentir mayoritario de la sociedad. Y es que de lo que no cabe ninguna duda es de la naturaleza democrática de las leyes aprobadas, ya que han sido votadas por una mayoría absoluta de los diputados, cuyos escaños los obtuvieron por la libre decisión de los electores. Mayoría que, por cierto, no se ha conjurado circunstancialmente para hacerles la puñeta a los puñeteros, sino que es la misma que ya había aprobado tres Presupuestos Generales del Estado y muchas nuevas normas de marcada orientación progresista y modernizadora del país. Y todo eso está siendo posible porque el legislativo refleja una firme mayoría social que entiende necesaria una sociedad más igualitaria, que ayude a los más débiles a conjurar la diabólica conjunción de crisis que se estaba llevando por delante lo poco que quedaba del estado de bienestar; porque quienes pagan religiosamente sus impuestos están hasta la coronilla de que las grandes fortunas y las multinacionales se enriquezcan obscenamente al tiempo que evaden sus obligaciones fiscales; porque, para cualquier mente ubicada en el siglo que vivimos, están fuera del debate la igualdad de los géneros, los derechos de las minorías y, no digamos, la libre interrupción del embarazo; porque son más quienes entienden que la libertad religiosa pasa ineludiblemente por el carácter no confesional y laico del Estado; porque es mayor el número de ciudadanos que desea el fin pactado de los conflictos nacionales; y porque, en definitiva, hace ya cerca de medio siglo que murió el dictador y algunos parece que todavía no se han enterado.

Dicho lo dicho, mañana deberemos contener otra vez el aliento, porque el dichoso Tribunal Constitucional se reúne atendiendo al disparatado requerimiento del Partido Popular. No me atrevo a prever ni la decisión que adoptarán tras sus deliberaciones ni la magnitud de la crisis institucional que se desencadenaría si desoyen el mandato popular y paralizan el trámite legislativo antes de que pase por el Senado.

Y termino, ¿dónde está el Rey? Porque, entre las pocas competencias explícitas que la Constitución le otorga, está la de mediar, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y, que yo sepa, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía en materia de tan alta trascendencia. Silencio que contrasta con su rápida reacción ante los acontecimientos que se desarrollaron en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Otro que, en vez de juez, parece abogado de parte.