13 junio 2021 (1): Sobre la igualdad de oportunidades

Esta semana he conocido que el Gobierno español prevé presentar un proyecto de ley para una nueva regulación de la Formación Profesional. Por supuesto que desconozco los detalles de la propuesta, pero los medios de comunicación han enfatizado como lo más novedoso del nuevo marco legal educativo que los estudiantes de FP podrán seguir algunas clases en la Universidad e, incluso, convalidar ciertas asignaturas de grado en base a las disciplinas superadas en el contexto de sus módulos. Creo, aunque de esto no estoy tan seguro que, en justa reciprocidad, quienes cursan estudios universitarios también podrán tomar clases prácticas en los talleres profesionales.

La medida está en sintonía con la corriente actual de practicismo que invade la educación, ahora solo entendida como el proceso por el cual una persona adquiere una serie de habilidades de utilidad económica.

Como tantas otras iniciativas del tiempo en que vivimos, esta está bendecida por los popes de la corrección: apela a un supuesto igualitarismo, se la supone estimulante de una mayor empleabilidad para quienes cursen sus estudios bajo la novedosa fórmula y, desde luego, intenta dar respuesta al mantra, o la letanía, más repetida por las patronales: esa de que los alumnos concluyen su formación incapaces de desempeñarse eficaz y eficientemente en el puesto de trabajo.

Pues objeto. Por lo menos en lo que respecta a las titulaciones de naturaleza científico- tecnológica, me consta los muy insuficientes fundamentos matemáticos y físicos de quienes cursan la Formación Profesional (dicho esto sin menoscabo de su mérito y papel socioeconómico). Así que no acabo de ver cómo esos alumnos, con ese serio hándicap de base, pueden incorporarse a asignaturas o prácticas universitarias con provecho. Reconozco, sin embargo, que los estudiantes de grado, especialmente los que cursan ingenierías, sí que podrían beneficiarse en alguna medida de la experiencia de taller, dada la relevancia de la praxis productiva en sus futuros desempeños profesionales. En cualquier caso, descarto las convalidaciones porque en pocas circunstancias responderían a la suficiencia mínimamente exigible de quienes proceden de los módulos y no resultarían de interés para quienes siguen estudios universitarios.

Aun admitiendo algunos beneficios menores de esta experiencia, que se pudieran derivar del mutuo conocimiento y la mejor valoración del trabajo del otro, este intento de emulsionar lo inmiscible es un paso más hacia la degradación completa de la formación universitaria... pública. Contribuiría a hacer cada vez más difusas las fronteras que delimitan ambos niveles de titulación, propiciando el intrusismo y, sobre todo, la depreciación (por si ya no estuvieran suficientemente baratos) de los trabajadores con formación superior.

Como ya decía más arriba, quienes aplauden la idea hasta con las orejas son los banqueros y grandes industriales, que llevan varias décadas derivando hacia una concepción de la empresa en la que los humanos solo sean “low cost commodities" intercambiables y sustituibles de inmediato sin el mínimo trastorno para el negocio. Hablan mucho de la competitividad, pero no estiman en lo que valen ni los conocimientos ni la experiencia, y desprecian las titulaciones (tal vez porque muchos de ellos no las tienen). Por supuesto que, bajo ese miope prisma, la investigación y la innovación, solo posibles por el concurso de los trabajadores de más elevada preparación, se ven relegadas a vacuas fórmulas que suenan muy bien en medio de grandilocuentes discursos o como medios de captación de ayudas públicas.

Adelantaba más arriba que la devaluación de la formación universitaria, que se deriva de este y otros cambios que vienen sucediéndose, la sufre exclusivamente la obtenida en centros públicos porque, estimados lectores, los herederos de los más afortunados se gradúan en las universidades privadas de inaccesibles matrículas y, tras ello, en un ejercicio de conciencia de clase ejemplar, son altamente valorados por sus iguales y colocados en puestos de responsabilidad, magníficamente remunerados desde el momento en que egresan de sus facultades y se ponen a trabajar.

En definitiva, señores del Gobierno, la igualdad de oportunidades significa, lisa y llanamente, que cualquier persona, con independencia de su extracción social, origen étnico, creencia, género o condición económica, pueda estudiar con el solo límite de sus deseos y capacidades. Eso, claro, no tiene nada que ver con repartir títulos entre aquellos que no tienen el nivel de conocimientos mínimamente exigible; al contrario, la infravaloración del saber es clasista, y arruina cualquier expectativa de poder tomar el “ascensor social” desde los pisos más bajos.