12 marzo 2023 (2): De Miguel y de los otros

El entramado delictivo, conocido como caso De Miguel, urdido para cobrar comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos, concluyó su larga década de recorrido judicial con la sentencia firme, emanada del Tribunal Supremo, que condenaba a severas penas a los cuatro cabecillas de la trama.

La resolución final de la más alta instancia judicial no sorprendió a nadie, puesto que las evidencias acumuladas contra estos delincuentes eran, desde el principio, abrumadoras y solo una acreditada y, supongo, carísima defensa de parte de destacados penalistas demoró por largo tiempo las condenas.

Podría parecer un affaire más de corrupción en el ruedo ibérico de la política si no fuera porque afecta al partido que lleva gobernando en Euskadi más que el diabólico Caudillo en España y porque instituciones y políticos vascos siempre se han arrogado una integridad inquebrantable, a la vez que denostado los numerosos casos de lucro político ilegítimo en las instancias del estado central.

Con todo, una actuación decidida y sin miramientos contra quienes perpetraron semejantes delitos hubiera mostrado que, efectivamente, “Euskadi is different”. Sin embargo, no ha sido así; lo mismo que en Madrid, en Catalunya, en Valencia… el partido y los cargos responsables se han resistido a aplicar la merecida condena política a unas conductas que eran, desde que se descubriera el pastel, cuando menos, manifiestamente irregulares.

Tan es así que hace pocos días que nos hemos enterado de que los interfectos siguen cobrando por sus cargos y que quienes deberían haber depurado responsabilidades han estado esperando durante una década a la sentencia firme, que obliga a la defenestración, para adoptar medidas. Más aún, interpelada por este asunto, la Consejera responsable confesaba que esperaba, magnánima ella, la comunicación de los convictos informando de la fecha de entrada en prisión para quitarles la mamandurria.

Por si tras todo esto se nos había pasado el sonrojo, hemos sabido que, tres días antes de que el denunciante de estos delitos ratificara en juicio sus acusaciones, la Hacienda Foral vizcaína le abría un expediente de inspección. Como quiera que al fisco no le hubiera supuesto ningún problema incoar el procedimiento administrativo unos pocos días después y, así, despejar cualquier duda acerca de su papel en este embrollo, alguno puede maliciar, no seré yo, quede claro, que alguien en esa inspección considera a los corruptos “de los suyos”, y los defiende aplicando un modus operandi que es mejor no calificar.

En fin, que como poco se ha perdido una gran oportunidad de sobresalir en la lucha contra la inmoralidad en la política. Ni somos un ejemplo ni tenemos autoridad moral para reprender a nadie.