10 diciembre 2023 (1): Huelga feminista

El reciente 30 de noviembre se convocó y observó una huelga feminista en Euskadi y Navarra. Según los datos del Gobierno Vasco, de los que no hay que dudar demasiado, porque en lo que respecta a las ausencias de los puestos de trabajo es el que, como empleador, mejor las contabiliza, el seguimiento del paro fue del 37,9 % en la educación pública y del 5,3 % en Osakidetza. Siguiendo con el porcentaje de adhesiones alcanzadas en el sector público, se apuntan cifras en el derredor del tercio en el transporte y del décimo en la Justicia. A esto hay que añadir que, aunque no he leído nada acerca del impacto cuantitativo de la huelga en el sector industrial, se puede sospechar fundadamente que fue aún más reducido, por cuanto una abrumadora mayoría de sus empleados son hombres (y sí, a los hombres el feminismo nos moviliza mucho menos) y más rigurosa la fiscalización del absentismo. Donde la huelga sí que tuvo un gran impacto fue en el comercio y la hostelería, sin duda condicionados por el riesgo de señalamiento público en una materia en la que se hace muy dificil mantener posiciones discrepantes con la corrección imperante.

En definitiva, se puede afirmar que la llamada al paro tuvo un nutrido eco, pero no carácter general, ya que no consiguió afectar de modo significativo a la producción y la distribución. Demostrándose, una vez más, que la ausencia de voces discrepantes no siempre significa masiva anuencia.

Pero yo no quería hablar de todo eso, lo que me ha llamado la atención de la convocatoria es su más destacada reivindicación: "un sistema público comunitario de cuidados", denunciando que el modelo actual está feminizado, precarizado y racializado. No puedo sino compartir tan razonable y justa demanda; son muchas miles las familias que suman al infortunio de la discapacidad de su ser querido la ruina económica o la destrucción, física y psíquica, del cuidador (disculpad, pero me sigo aferrando a la norma gramatical por la que en castellano el masculino es el genérico). Y esto es así porque los servicios públicos existentes son manifiestamente insuficientes ante una demanda creciente de atención domiciliaria y, en los casos que sea preciso, en residencias debidamente equipadas, por la alta prevalencia de enfermedades degenerativas en una sociedad envejecida.

La convocatoria denuncia que el de los cuidados es un servicio racializado; sin duda que es así, la gran mayoría de quienes lo prestan son migrantes, principalmente procedentes de América Latina. Pero es que se trata de una de las poquísimas salidas laborales que tiene el colectivo involucrado, predominantemente femenino, maduro y sin especial cualificación, de modo que son muchas las familias americanas afincadas en nuestra tierra que sobreviven gracias a esta abnegada dedicación de sus mujeres, por no hablar del extraordinario valor social que estas cuidadoras aportan. No parece, pues, ni conveniente ni realista "desracializar" (por favor, interprétese correctamente lo que afirmo) el sector en tanto la alternativa pública no raye a la altura que se precisa. También se denuncia que esta actividad se lleva a cabo en precarias condiciones; innegablemente es así, pero no más que la gran mayoría de las ocupaciones en la industria, los servicios y el agro, por lo que la justísima demanda de observar estrictamente la legislación laboral, mejorar las remuneraciones y gozar de una mayor calidad de vida en el puesto de trabajo no es específica de este sector. Y llego aquí a la madre, del todo atípica, de todas las consideraciones que han movilizado al feminismo en esta ocasión: el hecho de que el cuidado está feminizado y hay que desfeminizarlo (largo y malsonante palabro).

La absoluta igualdad de derechos y deberes es incuestionable desde posiciones democráticas y progresistas, así que sí, a los hombres nos incumben los mismos deberes y tareas intrafamiliares que a las mujeres. Pese a lo indiscutible de la necesaria convergencia en la carga de las responsabilidades domésticas, es un hecho que, a día de hoy, son muchas más las cuidadoras que los cuidadores. Pero más que la resistencia al cambio y la pervivencia de los privilegios machistas, lo que creo sostiene esta asimetría de la dedicación al hogar por géneros es la avanzada edad de los cuidadores, franja en la que todavía son mayoría las mujeres, por su dilatada esperanza de vida y porque fueron, y siguen siendo, amas de casa, y ni ellas ni sus cónyuges, culturalmente formados en otra época, están por la labor de alterar los roles tradicionales. Ahora que empiezan a jubilarse los boomers, entre los que la incorporación de la mujer al trabajo fue creciendo a gran velocidad, las cifras se igualarán, máxime si se tiene en cuenta que algunas de las afecciones más discapacitantes (el Alzhéimer, particularmente) son más frecuentes entre el sexo femenino y a sus parejas no les quedará otra que apechugar con el problema.

Así que concluyo que el mal que aqueja a los cuidados de enfermos y ancianos es el mismo que atenaza a la juventud y difiere su emancipación, idéntico al que sufren todos los que sobreviven en el precariado, con contratos temporales o a tiempo parcial y, en definitiva, el gemelo del que padecen los desahuciados del mundo laboral, parados de larga duración y edad ya provecta. Es por eso por lo que veo con indisimulada reticencia este tipo de movilizaciones, porque aun siendo de todo punto justificadas, hacen que los problemas estructurales de esta desigual sociedad salgan del foco de las reivindicaciones; las mujeres, los migrantes, los discapacitados y el colectivo LGTBI+ son, primero y antes de todo eso, personas, ciudadanos del mundo, contribuyentes y trabajadores. Además lamento, y temo, que este tipo de movilizaciones se malinterpreten aviesamente por la reacción y sus potentes voceros, generando un silencioso pero fuerte rechazo social, hasta el punto de que entre los irreductibles, esos que confunden la masculinidad con el machismo y que son una minoría nada despreciable en términos estadísticos, puede crecer el voto de la derecha más recalcitrante.