7 julio 2024 (1): Amnistía

Los jueces o, al menos, los de más altas responsabilidades entre todos ellos, llevan mucho tiempo quejándose de la intromisión del ejecutivo en sus asuntos y pidiendo autonomía en el ejercicio de sus funciones. Pero mientras exhiben ese aire de maltratados son ellos los que continuamente cortocircuitan las decisiones de los demás.

El Consejo General del Poder Judicial, de los tiempos de Mariano Rajoy, ha permanecido en sus funciones cinco años por encima de lo que constitucionalmente le correspondía y, ahora, el Tribunal Supremo bloquea como puede la amnistía otorgada por el Gobierno y legalizada por el parlamento a todos los encausados por los acontecimientos acaecidos inmediatamente antes y tras la declaración unilateral de independencia de Catalunya.

De sobra está explicar que otorgar una amnistía es facultad del poder legislativo y que, retorcer o renovar las causas para que los hechos no se puedan considerar dentro de lo amnistiable, es un ejercicio de intrusismo que dice muy poco bueno de quienes tanto apelan a la debida separación de poderes.

Está claro que, ante esta situación, el legislativo debería cambiar tanto la ley como la regulación del poder judicial para que este desempeñe su cometido dentro de los límites que la Constitución le reconoce, disfrutando de todas sus prerrogativas, sí, pero limitándose a ellas y dejando a los políticos ejercer las suyas.

Esos cambios legales deberían también mirar al largo plazo, de modo que la carrera judicial esté abierta a todos los brillantes abogados que se titulan en nuestras universidades, de modo que el colectivo futuro de jueces sea tan variopinto ideológicamente como lo es la propia población a la que han de servir.

De no procederse de esta manera y tan rápido y contundentemente como sea posible, el conservadurismo más casposo y aun el ultraderechismo antidemocrático seguirán disponiendo indefinidamente de un resorte de poder, no otorgado por los votantes y, en muchas ocasiones, opuesto a los deseos y opciones mayoritarios.