13 abril 2025 (2): ¡Viva la república!

Mañana hace 94 años que fue proclamada la segunda república española, el primer sitio que lo hizo fue Eibar, por cierto. Circunstancia esta idónea para reivindicar una tercera edición de esa forma de estado. Muchas son las razones para desear el advenimiento de un régimen republicano, la primera, y fundamental, es lo anacrónico e injusto de la monarquía, que propone la herencia familiar del más alto cargo político, sin más explicación plausible que una suerte de bendición divina a la casta entronizada; muy mal ejemplo, ya que si eso es así en el caso del jefe del estado, por qué no extender esa arbitrariedad hereditaria a cualquier otra actividad u honor. La segunda es el sumatorio abrumador de malas experiencias por la alianza intemporal de la corona con otros poderes, en detrimento de los derechos populares que, en varias ocasiones de nuestra historia moderna y contemporánea, conllevó el alineamiento del rey o reina correspondiente y sus seguidores monárquicos con asonadas militares que supusieron la cancelación de los derechos constitucionales (no hay más que echar una mirada a los anales de los siglos XIX y XX para persuadirse de ello). Y la tercera es el poso dejado por algunos otros acontecimientos muy recientes que son del dominio público.

Por supuesto que también puede acceder al cargo de presidente de la república una persona incapaz, malvada o movida por principios incompatibles con los democráticos, pero parece más fácil solventar tales problemas mediante unas elecciones que remuevan al indeseable de su despacho; su función no es vitalicia.

En cualquier caso, la república sitúa a cualquier miembro de la comunidad nacional como potencial candidato a ser su representante máximo, sea cual sea su extracción social, económica, cultural o étnica; y eso es de un gran valor democrático. Más aún, al ser el nombrado presidente uno más de los ciudadanos, no está exento de cumplir con todas y cada una de las leyes que han de respetar los reconocidos como nacionales, y tampoco se le excluye de dar cuenta, ante el parlamento y los tribunales, si fuera pertinente, de sus decisiones y actuaciones, en el ejercicio de sus funciones institucionales o al margen de ellas.